Sunday, November 16, 2008
Monday, November 10, 2008
Sunday, November 9, 2008
Free trade between Canada and Colombia... Is it possible without justice and human rights? I don't think so!
Columna domincal de Iván Cepeda en El Espectador - "EL SISTEMA"
Por: Iván Cepeda Castro, Noviembre 9, 2008
CENTENARES, PROBABLEMENTE MIles, de personas desaparecidas y luego ejecutadas por miembros del Ejército Nacional. Seleccionadas cuidadosamente: en su mayoría se trata de jóvenes provenientes de estratos pobres, o personas que padecen de enfermedades mentales
Reclutadas con falsas promesas, secuestradas o detenidas arbitrariamente. Transportadas de su sitio de origen a cientos de kilómetros, donde son ejecutadas. Presentadas como terroristas o milicianos: uniformadas, apertrechadas con el fin de que aparezcan como muertas “en combate”. Y luego, la difusión de los anuncios de éxitos contundentes en la política de seguridad; las estadísticas en las que los abatidos se cuentan por miles.
Después de años de discusión acerca de la criminalidad estatal por fin, ante las pruebas contundentes reunidas por medio de la paciente labor de las organizaciones de derechos humanos, se tiene que admitir que los agentes estatales han perpetrado asesinatos y desapariciones. Esa aceptación se hace distorsionando la realidad. El presidente Uribe Vélez quiere hacer creer a la opinión que los responsables son individuos que se han aliado con bandas delincuenciales para crear un lucrativo negocio. La tesis de los “individuos desviados” es la forma de encubrir la tenebrosa realidad de los crímenes de sistema. O en otros términos, de actos cometidos con patrones institucionales, que comprometen a los altos mandos militares, al Gobierno Nacional y al propio Presidente de la República, máximo comandante de las Fuerzas Militares y estratega de la seguridad democrática.
La tesis de las “desviaciones individuales” es un insulto a la inteligencia. La laboriosidad y los recursos que exige eliminar a cientos de civiles son gigantescos. Se requiere compilar información meticulosa acerca de las víctimas para que su desaparición no deje rastro. Se requiere una logística que pone en juego cuantiosos recursos, la participación coordinada de una cierta cantidad de militares que puedan concertar todos los pasos de cada operación individual de “falso positivo”, la elaboración de un discurso que encubra lo más convincentemente las ejecuciones extrajudiciales y las presente como éxitos en el combate contra los grupos armados.
No basta ya con admitir que sí existen las víctimas de crímenes de Estado. Se requiere avanzar hacia el reconocimiento del carácter sistemático que han tenido estos hechos y, en consecuencia, establecer formas de justicia acordes con esa definición. Los altos funcionarios del Estado, tanto en el Poder Ejecutivo como en las instituciones militares, deben ser sometidos a un régimen de justicia especial que garantice que de manera expedita se pueda sancionar a los máximos responsables de crímenes de lesa humanidad.
Desde hace años las organizaciones de derechos humanos y el movimiento de víctimas de la criminalidad estatal han reclamado que la sociedad condene las prácticas de violaciones masivas de los derechos humanos urdidos desde las guarniciones militares y las oficinas de las entidades oficiales. Esa verdad que comienza a aparecer hoy ha costado la vida de muchos defensores de derechos humanos en Colombia. Las noticias actuales nos dan la razón.
Invito a todas las personas cuyos familiares, amigos o conocidos hayan sido víctimas de desapariciones forzadas o ejecuciones extrajudiciales a que escriban al correo que aparece en esta columna o a que recurran a la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría o la Fiscalía.
fm_cepeda@yahoo.fr
CENTENARES, PROBABLEMENTE MIles, de personas desaparecidas y luego ejecutadas por miembros del Ejército Nacional. Seleccionadas cuidadosamente: en su mayoría se trata de jóvenes provenientes de estratos pobres, o personas que padecen de enfermedades mentales
El sistema
Reclutadas con falsas promesas, secuestradas o detenidas arbitrariamente. Transportadas de su sitio de origen a cientos de kilómetros, donde son ejecutadas. Presentadas como terroristas o milicianos: uniformadas, apertrechadas con el fin de que aparezcan como muertas “en combate”. Y luego, la difusión de los anuncios de éxitos contundentes en la política de seguridad; las estadísticas en las que los abatidos se cuentan por miles.
Después de años de discusión acerca de la criminalidad estatal por fin, ante las pruebas contundentes reunidas por medio de la paciente labor de las organizaciones de derechos humanos, se tiene que admitir que los agentes estatales han perpetrado asesinatos y desapariciones. Esa aceptación se hace distorsionando la realidad. El presidente Uribe Vélez quiere hacer creer a la opinión que los responsables son individuos que se han aliado con bandas delincuenciales para crear un lucrativo negocio. La tesis de los “individuos desviados” es la forma de encubrir la tenebrosa realidad de los crímenes de sistema. O en otros términos, de actos cometidos con patrones institucionales, que comprometen a los altos mandos militares, al Gobierno Nacional y al propio Presidente de la República, máximo comandante de las Fuerzas Militares y estratega de la seguridad democrática.
La tesis de las “desviaciones individuales” es un insulto a la inteligencia. La laboriosidad y los recursos que exige eliminar a cientos de civiles son gigantescos. Se requiere compilar información meticulosa acerca de las víctimas para que su desaparición no deje rastro. Se requiere una logística que pone en juego cuantiosos recursos, la participación coordinada de una cierta cantidad de militares que puedan concertar todos los pasos de cada operación individual de “falso positivo”, la elaboración de un discurso que encubra lo más convincentemente las ejecuciones extrajudiciales y las presente como éxitos en el combate contra los grupos armados.
No basta ya con admitir que sí existen las víctimas de crímenes de Estado. Se requiere avanzar hacia el reconocimiento del carácter sistemático que han tenido estos hechos y, en consecuencia, establecer formas de justicia acordes con esa definición. Los altos funcionarios del Estado, tanto en el Poder Ejecutivo como en las instituciones militares, deben ser sometidos a un régimen de justicia especial que garantice que de manera expedita se pueda sancionar a los máximos responsables de crímenes de lesa humanidad.
Desde hace años las organizaciones de derechos humanos y el movimiento de víctimas de la criminalidad estatal han reclamado que la sociedad condene las prácticas de violaciones masivas de los derechos humanos urdidos desde las guarniciones militares y las oficinas de las entidades oficiales. Esa verdad que comienza a aparecer hoy ha costado la vida de muchos defensores de derechos humanos en Colombia. Las noticias actuales nos dan la razón.
Invito a todas las personas cuyos familiares, amigos o conocidos hayan sido víctimas de desapariciones forzadas o ejecuciones extrajudiciales a que escriban al correo que aparece en esta columna o a que recurran a la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría o la Fiscalía.
fm_cepeda@yahoo.fr
Tuesday, October 28, 2008
En busca de caminos hacia la paz - Carta enviada por intelectuales, políticos y periodistas a la insurgencia en Colombia
Bogotá DC., septiembre 11 de septiembre de 2008
Señores miembros del Secretariado:
Señores miembros del Secretariado:
La solución de la crisis múltiple que aqueja a la sociedad y al Estado colombianos demanda una juiciosa reflexión así como la participación de los distintos sectores expresados en la sociedad civil y de aquellos actores comprometidos en el conflicto interno armado, social y político que agobia al país, con el objeto de evitar daños a la institucionalidad y propiciar la construcción de una democracia plena con justicia social y paz en la que quepamos todos.
En tal virtud, nuestra aspiración es la de trabajar por desbloquear los caminos que conduzcan a la concreción de un Acuerdo Humanitario que permita la liberación de secuestrados y prisioneros en poder de la insurgencia armada de las FARC y, al propio tiempo, la libertad de los presos de esta guerrilla bajo la jurisdicción del Estado.
Comprendemos que una alternativa diferente al entendimiento político para celebrar un Acuerdo Humanitario y facilitar una salida negociada al conflicto entrañaría el padecimiento de importantes sectores de la población, el inminente peligro para la vida de los cautivos que están en la selva, la degradación de la guerra, y el estímulo a la militarización y al autoritarismo y debilitamiento institucional del proceso político nacional.
El escalamiento de la confrontación ha desbordado la geografía nacional e impacta territorios de países hermanos con diversos hechos de violencia institucional que han puesto en dificultades las relaciones diplomáticas de nuestro país.
No obstante, tenemos la certeza de que los presidentes y jefes de Estado de pueblos hermanos en el hemisferio y de los denominados países amigos europeos concurrirán de manera solidaria a apoyar los procesos de diálogo que estamos proponiendo.
Por las razones expuestas y con el ánimo de emprender desde ahora la búsqueda de soluciones a favor de la paz de Colombia y el sosiego de los seres humanos afectados por el conflicto, de manera cordial los invitamos a desarrollar un diálogo público a través de un intercambio epistolar mediante el cual ustedes, nosotros y en general la sociedad colombiana, podamos identificar los elementos que permitan definir una agenda que esclarezca las rutas en las que sería posible un entendimiento, en aras del anhelado acuerdo humanitario.
Consideramos que ya existe una apreciable corriente de opinión que favorece la promoción de factores contrarios a la solución armada y que está en condiciones de colocar los referentes apropiados para generar una controversia democrática sobre los temas de la paz y de la guerra en Colombia, con el fin de propiciar la convivencia pacífica dentro de una nueva ética social.
Piedad Córdoba Ruíz, Medófilo Medina, Fabio Morón Díaz, José Gregorio Hernández, Víctor Manuel Moncayo, Alfredo Beltrán Sierra, Jaime Angulo Bossa, Daniel Pecaut, Consuelo González de Perdomo, Luís Eladio Pérez, Orlando Beltrán Cuellar, Alfredo Molano B, Javier Darío Restrepo, Daniel Samper Pizano, Gustavo Álvarez Gardeazabal, Alberto Rojas Puyo, Francisco Leal Buitrago, Hernando Gómez Buendía, Iván Cepeda Castro, Raúl Alameda O, Florence Thomas, Alpher Rojas Carvajal, Rocio Londoño Botero, León Valencia A, Jorge Enrique Botero, Consuelo Ahumada, Marleny Orjuela, Fabiola Perdomo E, Deyanira Ortiz Cuenca, Martha Arango de Lizcano, Claudia Rujeles Flórez, Ángela de Pérez, Yolanda Polanco P, Marc Chernick, Gabriel Izquierdo S.J., Gloria Cuartas, Fernán González S.J., José Gutiérrez, Juanita Barreto G, Padre Henry Ramírez Soler cmf, Juan Sebastián Lozada P, Álvaro Camacho Guisado, Apolinar Díaz-Callejas, Lisandro Duque Naranjo, Alberto Cienfuegos, Ricardo Bonilla G, Leopoldo Múnera Ruíz, Renán Vega Cantor, Ciro Quiroz, Carlos Lozano Guillen, Jairo Maya Betancur, Ricardo García Duarte, Jorge Gantiva S, Carlos Villalba Bustillo, Constanza Vieira, Gloria Polanco, Apecidez Álviz F, Carlos A. Rodríguez Díaz, Venus Albeiro Silva, Andrés Felipe Villamizar, Arlen B. Tickner, Santiago García, Pepe Sánchez, Patricia Ariza, Carlos Álvarez Nuñez, Víctor Gaviria, Jennifer Steffens, Bruno Díaz, Zulia Mena, Gustavo Duncan, Lilia Solano, Julio Silva Colmenares, Oscar Mejía Quintana, Arturo Escobar, Rafael Ballén, William García Rodríguez, César Augusto Ayala Diago, Carlos Medina Gallego, Diego Otero Prada, Rubén Darío Florez, Darío Villamizar H, Luís Fernando Medina, Santiago Araoz F, Fabian Acosta, Alonso Ojeda Awad, Jimmy Viera, Efraín Viveros, Mauricio Rojas Rodríguez, Eduardo Gómez, Carlos Villamil Chaux, Fernando Estrada G, Moritz Akerman, Ricardo Montenegro V, Santiago Vásquez L, Enrique Santos Molano, Libardo Sarmiento Anzola, Hollman Morris, Reinaldo Ramirez García, Jairo E. Gómez, Daniel Libreros C, Jaime Caicedo T, Héctor Moreno Galviz, Mauricio Archila Neira, Dora Lucy Arias, Luís Alberto Ávila A, Olga Amparo Sánchez, Norma Enríquez R, Orsinia Polanco, Caterina Heyck, Guillermo Silva, Luís Enrique Escobar, Eduardo López Hooker, Eduardo Carreño, Alexandra Bermúdez, Pilar Rueda, Fernando Arellano, Gabriel Awad, Cristo Rafael García Tapias, Alfonso Santos C, Jorge Lara Bonilla, Miguel Eduardo Cárdenas, Andrés A. Vásquez M, Jaime Calderón Herrera, Álvaro Bejarano, Álvaro Delgado, Álvaro Villarraga, Armando Palau, Juan de Dios Alfonso, Darío Morón Díaz, Carlos Rosero T, Maria Eugencia Liévano, Gonzalo Uribe Aristizabal, Edgar Martínez C, Esperanza Márquez M, Dídima Rico Chavarro, Danilo Rueda R, Eduardo Franco Isaza, Evelio Ramírez, Fructuoso Arias, Gabriel García B, Gabriel Ruiz O, Germán Arias Ospina, Gustavo Puyo A, Gustavo García, Hernán Cortéz A, Ivonne González, Jaime Pulido Sierra, Jaime Vasco A, Juanita Bazán A, Luís Eduardo Salcedo, Luís Jairo Ramírez H, Mario Santana, René Antonio Florez C, Sara Leukos, Víctor José Pardo, Pepe Sánchez, Claudia Rujeles de Jara, Marta Arango de Lizcano, María Teresa de Mendieta, Silvia Patricia Nieto, siguen firmas...
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