Sunday, November 16, 2008
Monday, November 10, 2008
Sunday, November 9, 2008
Free trade between Canada and Colombia... Is it possible without justice and human rights? I don't think so!
Columna domincal de Iván Cepeda en El Espectador - "EL SISTEMA"
Por: Iván Cepeda Castro, Noviembre 9, 2008
CENTENARES, PROBABLEMENTE MIles, de personas desaparecidas y luego ejecutadas por miembros del Ejército Nacional. Seleccionadas cuidadosamente: en su mayoría se trata de jóvenes provenientes de estratos pobres, o personas que padecen de enfermedades mentales

Reclutadas con falsas promesas, secuestradas o detenidas arbitrariamente. Transportadas de su sitio de origen a cientos de kilómetros, donde son ejecutadas. Presentadas como terroristas o milicianos: uniformadas, apertrechadas con el fin de que aparezcan como muertas “en combate”. Y luego, la difusión de los anuncios de éxitos contundentes en la política de seguridad; las estadísticas en las que los abatidos se cuentan por miles.
Después de años de discusión acerca de la criminalidad estatal por fin, ante las pruebas contundentes reunidas por medio de la paciente labor de las organizaciones de derechos humanos, se tiene que admitir que los agentes estatales han perpetrado asesinatos y desapariciones. Esa aceptación se hace distorsionando la realidad. El presidente Uribe Vélez quiere hacer creer a la opinión que los responsables son individuos que se han aliado con bandas delincuenciales para crear un lucrativo negocio. La tesis de los “individuos desviados” es la forma de encubrir la tenebrosa realidad de los crímenes de sistema. O en otros términos, de actos cometidos con patrones institucionales, que comprometen a los altos mandos militares, al Gobierno Nacional y al propio Presidente de la República, máximo comandante de las Fuerzas Militares y estratega de la seguridad democrática.
La tesis de las “desviaciones individuales” es un insulto a la inteligencia. La laboriosidad y los recursos que exige eliminar a cientos de civiles son gigantescos. Se requiere compilar información meticulosa acerca de las víctimas para que su desaparición no deje rastro. Se requiere una logística que pone en juego cuantiosos recursos, la participación coordinada de una cierta cantidad de militares que puedan concertar todos los pasos de cada operación individual de “falso positivo”, la elaboración de un discurso que encubra lo más convincentemente las ejecuciones extrajudiciales y las presente como éxitos en el combate contra los grupos armados.
No basta ya con admitir que sí existen las víctimas de crímenes de Estado. Se requiere avanzar hacia el reconocimiento del carácter sistemático que han tenido estos hechos y, en consecuencia, establecer formas de justicia acordes con esa definición. Los altos funcionarios del Estado, tanto en el Poder Ejecutivo como en las instituciones militares, deben ser sometidos a un régimen de justicia especial que garantice que de manera expedita se pueda sancionar a los máximos responsables de crímenes de lesa humanidad.
Desde hace años las organizaciones de derechos humanos y el movimiento de víctimas de la criminalidad estatal han reclamado que la sociedad condene las prácticas de violaciones masivas de los derechos humanos urdidos desde las guarniciones militares y las oficinas de las entidades oficiales. Esa verdad que comienza a aparecer hoy ha costado la vida de muchos defensores de derechos humanos en Colombia. Las noticias actuales nos dan la razón.
Invito a todas las personas cuyos familiares, amigos o conocidos hayan sido víctimas de desapariciones forzadas o ejecuciones extrajudiciales a que escriban al correo que aparece en esta columna o a que recurran a la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría o la Fiscalía.
fm_cepeda@yahoo.fr
CENTENARES, PROBABLEMENTE MIles, de personas desaparecidas y luego ejecutadas por miembros del Ejército Nacional. Seleccionadas cuidadosamente: en su mayoría se trata de jóvenes provenientes de estratos pobres, o personas que padecen de enfermedades mentales
El sistema

Reclutadas con falsas promesas, secuestradas o detenidas arbitrariamente. Transportadas de su sitio de origen a cientos de kilómetros, donde son ejecutadas. Presentadas como terroristas o milicianos: uniformadas, apertrechadas con el fin de que aparezcan como muertas “en combate”. Y luego, la difusión de los anuncios de éxitos contundentes en la política de seguridad; las estadísticas en las que los abatidos se cuentan por miles.
Después de años de discusión acerca de la criminalidad estatal por fin, ante las pruebas contundentes reunidas por medio de la paciente labor de las organizaciones de derechos humanos, se tiene que admitir que los agentes estatales han perpetrado asesinatos y desapariciones. Esa aceptación se hace distorsionando la realidad. El presidente Uribe Vélez quiere hacer creer a la opinión que los responsables son individuos que se han aliado con bandas delincuenciales para crear un lucrativo negocio. La tesis de los “individuos desviados” es la forma de encubrir la tenebrosa realidad de los crímenes de sistema. O en otros términos, de actos cometidos con patrones institucionales, que comprometen a los altos mandos militares, al Gobierno Nacional y al propio Presidente de la República, máximo comandante de las Fuerzas Militares y estratega de la seguridad democrática.
La tesis de las “desviaciones individuales” es un insulto a la inteligencia. La laboriosidad y los recursos que exige eliminar a cientos de civiles son gigantescos. Se requiere compilar información meticulosa acerca de las víctimas para que su desaparición no deje rastro. Se requiere una logística que pone en juego cuantiosos recursos, la participación coordinada de una cierta cantidad de militares que puedan concertar todos los pasos de cada operación individual de “falso positivo”, la elaboración de un discurso que encubra lo más convincentemente las ejecuciones extrajudiciales y las presente como éxitos en el combate contra los grupos armados.
No basta ya con admitir que sí existen las víctimas de crímenes de Estado. Se requiere avanzar hacia el reconocimiento del carácter sistemático que han tenido estos hechos y, en consecuencia, establecer formas de justicia acordes con esa definición. Los altos funcionarios del Estado, tanto en el Poder Ejecutivo como en las instituciones militares, deben ser sometidos a un régimen de justicia especial que garantice que de manera expedita se pueda sancionar a los máximos responsables de crímenes de lesa humanidad.
Desde hace años las organizaciones de derechos humanos y el movimiento de víctimas de la criminalidad estatal han reclamado que la sociedad condene las prácticas de violaciones masivas de los derechos humanos urdidos desde las guarniciones militares y las oficinas de las entidades oficiales. Esa verdad que comienza a aparecer hoy ha costado la vida de muchos defensores de derechos humanos en Colombia. Las noticias actuales nos dan la razón.
Invito a todas las personas cuyos familiares, amigos o conocidos hayan sido víctimas de desapariciones forzadas o ejecuciones extrajudiciales a que escriban al correo que aparece en esta columna o a que recurran a la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría o la Fiscalía.
fm_cepeda@yahoo.fr
Tuesday, October 28, 2008
En busca de caminos hacia la paz - Carta enviada por intelectuales, políticos y periodistas a la insurgencia en Colombia
Bogotá DC., septiembre 11 de septiembre de 2008
Señores miembros del Secretariado:
Señores miembros del Secretariado:
La solución de la crisis múltiple que aqueja a la sociedad y al Estado colombianos demanda una juiciosa reflexión así como la participación de los distintos sectores expresados en la sociedad civil y de aquellos actores comprometidos en el conflicto interno armado, social y político que agobia al país, con el objeto de evitar daños a la institucionalidad y propiciar la construcción de una democracia plena con justicia social y paz en la que quepamos todos.
En tal virtud, nuestra aspiración es la de trabajar por desbloquear los caminos que conduzcan a la concreción de un Acuerdo Humanitario que permita la liberación de secuestrados y prisioneros en poder de la insurgencia armada de las FARC y, al propio tiempo, la libertad de los presos de esta guerrilla bajo la jurisdicción del Estado.
Comprendemos que una alternativa diferente al entendimiento político para celebrar un Acuerdo Humanitario y facilitar una salida negociada al conflicto entrañaría el padecimiento de importantes sectores de la población, el inminente peligro para la vida de los cautivos que están en la selva, la degradación de la guerra, y el estímulo a la militarización y al autoritarismo y debilitamiento institucional del proceso político nacional.
El escalamiento de la confrontación ha desbordado la geografía nacional e impacta territorios de países hermanos con diversos hechos de violencia institucional que han puesto en dificultades las relaciones diplomáticas de nuestro país.
No obstante, tenemos la certeza de que los presidentes y jefes de Estado de pueblos hermanos en el hemisferio y de los denominados países amigos europeos concurrirán de manera solidaria a apoyar los procesos de diálogo que estamos proponiendo.
Por las razones expuestas y con el ánimo de emprender desde ahora la búsqueda de soluciones a favor de la paz de Colombia y el sosiego de los seres humanos afectados por el conflicto, de manera cordial los invitamos a desarrollar un diálogo público a través de un intercambio epistolar mediante el cual ustedes, nosotros y en general la sociedad colombiana, podamos identificar los elementos que permitan definir una agenda que esclarezca las rutas en las que sería posible un entendimiento, en aras del anhelado acuerdo humanitario.
Consideramos que ya existe una apreciable corriente de opinión que favorece la promoción de factores contrarios a la solución armada y que está en condiciones de colocar los referentes apropiados para generar una controversia democrática sobre los temas de la paz y de la guerra en Colombia, con el fin de propiciar la convivencia pacífica dentro de una nueva ética social.
Piedad Córdoba Ruíz, Medófilo Medina, Fabio Morón Díaz, José Gregorio Hernández, Víctor Manuel Moncayo, Alfredo Beltrán Sierra, Jaime Angulo Bossa, Daniel Pecaut, Consuelo González de Perdomo, Luís Eladio Pérez, Orlando Beltrán Cuellar, Alfredo Molano B, Javier Darío Restrepo, Daniel Samper Pizano, Gustavo Álvarez Gardeazabal, Alberto Rojas Puyo, Francisco Leal Buitrago, Hernando Gómez Buendía, Iván Cepeda Castro, Raúl Alameda O, Florence Thomas, Alpher Rojas Carvajal, Rocio Londoño Botero, León Valencia A, Jorge Enrique Botero, Consuelo Ahumada, Marleny Orjuela, Fabiola Perdomo E, Deyanira Ortiz Cuenca, Martha Arango de Lizcano, Claudia Rujeles Flórez, Ángela de Pérez, Yolanda Polanco P, Marc Chernick, Gabriel Izquierdo S.J., Gloria Cuartas, Fernán González S.J., José Gutiérrez, Juanita Barreto G, Padre Henry Ramírez Soler cmf, Juan Sebastián Lozada P, Álvaro Camacho Guisado, Apolinar Díaz-Callejas, Lisandro Duque Naranjo, Alberto Cienfuegos, Ricardo Bonilla G, Leopoldo Múnera Ruíz, Renán Vega Cantor, Ciro Quiroz, Carlos Lozano Guillen, Jairo Maya Betancur, Ricardo García Duarte, Jorge Gantiva S, Carlos Villalba Bustillo, Constanza Vieira, Gloria Polanco, Apecidez Álviz F, Carlos A. Rodríguez Díaz, Venus Albeiro Silva, Andrés Felipe Villamizar, Arlen B. Tickner, Santiago García, Pepe Sánchez, Patricia Ariza, Carlos Álvarez Nuñez, Víctor Gaviria, Jennifer Steffens, Bruno Díaz, Zulia Mena, Gustavo Duncan, Lilia Solano, Julio Silva Colmenares, Oscar Mejía Quintana, Arturo Escobar, Rafael Ballén, William García Rodríguez, César Augusto Ayala Diago, Carlos Medina Gallego, Diego Otero Prada, Rubén Darío Florez, Darío Villamizar H, Luís Fernando Medina, Santiago Araoz F, Fabian Acosta, Alonso Ojeda Awad, Jimmy Viera, Efraín Viveros, Mauricio Rojas Rodríguez, Eduardo Gómez, Carlos Villamil Chaux, Fernando Estrada G, Moritz Akerman, Ricardo Montenegro V, Santiago Vásquez L, Enrique Santos Molano, Libardo Sarmiento Anzola, Hollman Morris, Reinaldo Ramirez García, Jairo E. Gómez, Daniel Libreros C, Jaime Caicedo T, Héctor Moreno Galviz, Mauricio Archila Neira, Dora Lucy Arias, Luís Alberto Ávila A, Olga Amparo Sánchez, Norma Enríquez R, Orsinia Polanco, Caterina Heyck, Guillermo Silva, Luís Enrique Escobar, Eduardo López Hooker, Eduardo Carreño, Alexandra Bermúdez, Pilar Rueda, Fernando Arellano, Gabriel Awad, Cristo Rafael García Tapias, Alfonso Santos C, Jorge Lara Bonilla, Miguel Eduardo Cárdenas, Andrés A. Vásquez M, Jaime Calderón Herrera, Álvaro Bejarano, Álvaro Delgado, Álvaro Villarraga, Armando Palau, Juan de Dios Alfonso, Darío Morón Díaz, Carlos Rosero T, Maria Eugencia Liévano, Gonzalo Uribe Aristizabal, Edgar Martínez C, Esperanza Márquez M, Dídima Rico Chavarro, Danilo Rueda R, Eduardo Franco Isaza, Evelio Ramírez, Fructuoso Arias, Gabriel García B, Gabriel Ruiz O, Germán Arias Ospina, Gustavo Puyo A, Gustavo García, Hernán Cortéz A, Ivonne González, Jaime Pulido Sierra, Jaime Vasco A, Juanita Bazán A, Luís Eduardo Salcedo, Luís Jairo Ramírez H, Mario Santana, René Antonio Florez C, Sara Leukos, Víctor José Pardo, Pepe Sánchez, Claudia Rujeles de Jara, Marta Arango de Lizcano, María Teresa de Mendieta, Silvia Patricia Nieto, siguen firmas...
Friday, October 24, 2008
Acto en Toronto Canadá en homenaje y solidaridad a los corteros de caña y los pueblos indígenas
¡Compañeros y camaradas corteros de la caña de azúcar… Hermanos compañeros y camaradas indígenas… Desde el exilio unimos nuestra voz a su valiente y arriesgada protesta!
(Informe especial para Resumen Latinoamericano,
Prensa Rural, y Agencia Bolivariana de Noticias)
Prensa Rural, y Agencia Bolivariana de Noticias)
Convencidos de que protestar pacíficamente en Colombia, un país donde han asesinado más de 1500 líderes y sindicalistas indefensos durante el gobierno de la mal llamada “seguridad democrática”, un país donde abundan los escuadrones de la muerte asechando a los estudiantes inconformes, a los defensores de derechos humanos y a los críticos del gobierno, un país donde el ministro de agricultura desprecia a los pueblos afro-colombianos e indígenas, un país donde hay cuatro millones de humildes campesinos desplazados y despojados de sus tierras, un país donde amenazan a los congresistas que disienten como Piedad Córdoba o Alexander López, un país donde exterminaron a punta de crímenes a movimientos pacifistas y políticos como fueron la Unión Patriótica y A Luchar, es en verdad un país, donde protestar es un acto de valentía.
Pues bien, los exiliados políticos tenemos una deuda de honor con nuestros hermanos que siguen luchando en Colombia. En este octubre nos alienta la fortaleza y la dignidad de los pueblos indígenas y campesinos del Cauca, sublevados en su lucha por la tierra y en oposición al tratado de libre comercio; igualmente la lucha de la ORIVAC, y la extraordinaria resistencia de los humildes corteros de caña en el Valle del Cauca; la fuerza nacional de los sindicatos estatales agrupados en la CUT; el proceso unitario del suroccidente que resiste en Villarrica, y las valientes denuncias de la red de derechos humanos Francisco Isaías Cifuentes; y el semillero de esperanzas que constituye la osada actitud crítica, organizativa y rebelde de los jóvenes estudiantes.
Por eso, este jueves 23 de Octubre al medio día, en un acto sencillo un grupo de colombianos acompañados de canadienses y latinoamericanos amigos que pertenecen a diversas organizaciones sindicales y sociales de la provincia de Ontario, nos hemos reunido en el cruce de las calles Dundas y Yonge, sitio concurrido y parte del área financiera de Toronto, y justo al frente del consulado del despreciable y corrompido gobierno de Colombia, para gritar a pulmón entero que desde aquí, no importa la distancia, estamos con nuestro pueblo.
Intervinieron en el acto central el compañero Mehdi Kouhestani, del departamento internacional del CLC – Consejo Laboral Canadiense, equivalente a la CUT en Colombia. Luis Alberto Matta a nombre de CASA – Colombian Action Solidarity Alliance. William Castilla, integrante de la lista internacional #106 del Polo Democrático Alternativo. La compañera Judy Rebick del Toronto Bolivarian Solidarity Committe. Rachel Warden a nombre de KAIROS, organismo de derechos humanos de las iglesias canadienses. Roger Lancen, del Comité de Derechos Humanos del sindicato de maestros de Ontario – OSSTF. Y finalmente el compañero Rick Arnold de Common Frontiers Canada.
Aunque el mensaje central fue la solidaridad con el movimiento indígena, sindical y campesino en movilización, los oradores reclamaron garantías y respeto por la integridad y la vida de estos lideres de oposición en Colombia. Igualmente se rechazó la eventual aprobación del tratado de libre comercio, y menos sin haberse aclarado el descarado genocidio a que son sometidos los sindicalistas y líderes populares en ese país. Hubo consignas por la solución política del conflicto colombiano, por el cese de la impunidad y la narco-parapolítica, y un llamado a la realización inmediata del acuerdo humanitario entre insurgencia y gobierno, mediante el cual alcancen la libertad los cautivos.
Wednesday, October 22, 2008
Genocide against the Patriotic Union in Colombia
This video takes around 27 seconds to start / Este video toma alrededor de 27 segundos para empezar-------------------
Tuesday, October 21, 2008
Video en el que se aprecia como el Ejército de AUV finge un tiroteo para amedrentar a los indígenas que protestan pacíficamente en el Cauca
Las pacíficas protestas indígenas al suroccidente de Colombia, en la región del Cauca han sido violentamente atropelladas y reprimidas por la policía ESMAD creada por Uribe para aterrorizar a sus opositores. Igualmente el ejército dispara y amenaza a las familias indígenas que claman por tierra y justicia. Hasta hoy 21 de octubre han sido asesinados 2 indígenas y hay por lo menos 80 heridos de gravedad.
De otra parte, el gobierno de AUV ha amenazado con cárcel a los humildes corteros de caña, en su mayoría campesinos afrocolombianos del centro y suroriente del Valle del Cauca, que protestan desde el pasado 15 de septiembre por mejoras laborales y garantías sociales. El senador del PDA, Alexander López, quien ha mostrado su solidaridad con la justa protesta, igualmente está siendo amenazado por Uribe. Las bandas paramilitares igualmebtre han emitido amenazas contra los humildes corteros.
De otra parte, el gobierno de AUV ha amenazado con cárcel a los humildes corteros de caña, en su mayoría campesinos afrocolombianos del centro y suroriente del Valle del Cauca, que protestan desde el pasado 15 de septiembre por mejoras laborales y garantías sociales. El senador del PDA, Alexander López, quien ha mostrado su solidaridad con la justa protesta, igualmente está siendo amenazado por Uribe. Las bandas paramilitares igualmebtre han emitido amenazas contra los humildes corteros.
Letter to Prime Minister of Canada Stephen Harper in support for the popular resistance in Colombia
This is a letter of support for the popular resistance occurring right now inColombia - it is being circulated widely. Please feel free to simply copy it into an email and send it to: casupport@gmail.com It is urgent, though, so please do it as soon as is possible!Thank you so much!
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Toronto, October 21, 2008
Mr. Prime Minister of Canada
Stephen Harper
Dear Prime Minister Harper:
We are deeply disturbed by reports of violent repression being carried out by the Colombian army against unarmed civilians during the past week's civilian demonstration against militarization and free trade in Colombia, and we urge the Canadian government to take immediate action.
Over the past week, the Indigenous people of Cauca and throughout Colombia have faced severe violations of international human rights. At least 11 people across Colombia have been killed and more than 60 people have been wounded during the peaceful demonstrations – four of these deaths occurred in Cauca.
There are reports of unprovoked assassinations of Indigenous civilians by the Colombian Army and the paramilitary groups. One Indigenous man, brother of two of the leaders of the peaceful mobilization, was allegedly taken from a vehicle and shot in front of his wife and child at point blank range by the paramilitary organization "Black Eagles". There has also been a report of a death threat by the guerrilla group FARC against one of the most vocal Indigenous leaders, Feliciano Valencia.
It seems the Indigenous people are a target of all armed groups operating in the region who are vying for control over lands recognized as Indigenous territories by the Colombian Constitution of 1991. Further, there have been blockages of websites and suspicious power outages affecting internet service during the mobilization, reported by Indymedia and FLIP (Foundation for Free Expression in Bogotá, Colombia, member of IFEX, based in Toronto, Canada). The international right to free expression is also under threat.
There is a significant danger of a massacre, and governments around the world are being called upon to act to stop this violence and foster a space for dialogue between Indigenous people and the Colombian government. The InterAmerican Commission and UN bodies have been asked to intervene, and support the implementation of an international commission to travel to the region.
This violence is taking place within the context of the negotiation and implementation of free trade agreements with Canada, the U.S. and other countries. As citizens of Canada, it is deeply disturbing that our government is engaged in trade and 'business as usual' with a government with well known and documented violations of human rights, particularlyagainst Indigenous people in that country. Canada, as a signatory of theUN Declaration on the Rights of Indigenous People is obliged to uphold therights, cultural and territorial integrity of Indigenous peoples around the world.
We strongly urge the Canadian government to call on President Uribe to cease violence immediately and support an International Commission to the region to monitor the situation.
We also strongly urge the Canadian government to rethink its position onfree trade with the Colombian government, which has demonstrated acomplete disdain for the rights of Indigenous people and other groups, andhas a long history of brutal human rights violations.
Signed,
Luis Alberto Matta
Toronto, Canada
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Toronto, October 21, 2008
Mr. Prime Minister of Canada
Stephen Harper
Dear Prime Minister Harper:
We are deeply disturbed by reports of violent repression being carried out by the Colombian army against unarmed civilians during the past week's civilian demonstration against militarization and free trade in Colombia, and we urge the Canadian government to take immediate action.
Over the past week, the Indigenous people of Cauca and throughout Colombia have faced severe violations of international human rights. At least 11 people across Colombia have been killed and more than 60 people have been wounded during the peaceful demonstrations – four of these deaths occurred in Cauca.
There are reports of unprovoked assassinations of Indigenous civilians by the Colombian Army and the paramilitary groups. One Indigenous man, brother of two of the leaders of the peaceful mobilization, was allegedly taken from a vehicle and shot in front of his wife and child at point blank range by the paramilitary organization "Black Eagles". There has also been a report of a death threat by the guerrilla group FARC against one of the most vocal Indigenous leaders, Feliciano Valencia.
It seems the Indigenous people are a target of all armed groups operating in the region who are vying for control over lands recognized as Indigenous territories by the Colombian Constitution of 1991. Further, there have been blockages of websites and suspicious power outages affecting internet service during the mobilization, reported by Indymedia and FLIP (Foundation for Free Expression in Bogotá, Colombia, member of IFEX, based in Toronto, Canada). The international right to free expression is also under threat.
There is a significant danger of a massacre, and governments around the world are being called upon to act to stop this violence and foster a space for dialogue between Indigenous people and the Colombian government. The InterAmerican Commission and UN bodies have been asked to intervene, and support the implementation of an international commission to travel to the region.
This violence is taking place within the context of the negotiation and implementation of free trade agreements with Canada, the U.S. and other countries. As citizens of Canada, it is deeply disturbing that our government is engaged in trade and 'business as usual' with a government with well known and documented violations of human rights, particularlyagainst Indigenous people in that country. Canada, as a signatory of theUN Declaration on the Rights of Indigenous People is obliged to uphold therights, cultural and territorial integrity of Indigenous peoples around the world.
We strongly urge the Canadian government to call on President Uribe to cease violence immediately and support an International Commission to the region to monitor the situation.
We also strongly urge the Canadian government to rethink its position onfree trade with the Colombian government, which has demonstrated acomplete disdain for the rights of Indigenous people and other groups, andhas a long history of brutal human rights violations.
Signed,
Luis Alberto Matta
Toronto, Canada
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