Por: Luis Alberto Matta
Sandalio Herrera y Ana Rosa Avellaneda una pareja que bordea los 70 años de edad, fueron expulsados a garrote de su propia casa el pasado miércoles 23 de julio. Cumpliendo órdenes de un poderoso banco, con el visto bueno de la alcaldía y previa autorización de un juez, la acción fue ejecutada por el escuadrón antidisturbios de la policía de Bogotá.
A empellones y esposados como criminales, Sandalio y Ana Rosa marcharon detenidos junto a varios miembros de la familia, dos de ellos menores de edad.
Según mis averiguaciones, la familia Herrera Avellaneda adquirió la casa mediante un crédito hipotecario por 14 millones de pesos, que al cabo de una década, por triquiñuelas que llaman “ajustes bancarios”, inflación y otros eventos, se transformó en 112 millones de pesos. Es decir, luego de firmado el contrato inicial, como por arte de magia, y pese a los pagos puntuales, año tras año el valor del crédito se incrementó hasta un 800 por ciento.
Los deudores, parte integral de esa clase media adormecida, que suele ser indiferente ante la desgracia de los más pobres, que son la mayoría, como pudo y trabajando sin desmayo, negándose cualquier otro privilegio en beneficio de una pretendida herencia para sus hijos, alcanzó a abonar 91 millones de pesos en diez años.
Pero en el capitalismo bancario las reglas son claras. Y los regímenes políticos de América Latina son fieles a los bancos. Así que un piquete de 150 policías, cuyo jefe metropolitano es Samuel Moreno Rojas, flamante alcalde de la nueva izquierda que encabeza el Polo Democrático Alternativo en Bogotá, madrugó como de costumbre a derribar puertas, esta vez, las de la familia Herrera Avellaneda en el barrio Estrada de la capital colombiana.
Ante el atropello los vecinos del barrio se sublevaron solidariamente. –Esto es una injusticia–, gritaban, pero en escasos minutos fueron reducidos a punta de bolillo y chorros de agua… –Hay mi madre, y yo que no le creía a los defensores de derechos humanos–, me dijo don Antonio, uno de los habitantes del barrio Estrada, quien ahora tiene el privilegio de conocer la otra cara de la “seguridad democrática”, ese embeleco que pregona el presidente Álvaro Uribe y que ensalzan a diario sus encuestas.
Para escribir el presente artículo traté de contactar a Sandalio Herrera. Nadie me dio razón del infortunado viejo, pero en cambio obtuve detalles del desalojo con otros vecinos.
–Nosotros pensábamos, me dijo Jacinto Sepúlveda[1], –que eso de la policía allanando y reprimiendo con tanta violencia, era solamente en las universidades con los estudiantes revoltosos de la Nacional o la Distrital, o con los vendedores ambulantes y desplazados, pa’ tenerlos a raya. No me vuelvo a creer el cuento chino de que están aplacando focos de terrorismo. Fíjese lo que le pasó a mis vecinos, y todo por atrasarse con un crédito ya ‘requetepago’. Los trataron igualito que a los que llaman terroristas–.
Supe que don Jacinto se refería a las imágenes muy frecuentes en la televisión colombiana, que muestran campesinos o estudiantes enfrentados con el ejército o la policía clamando sus derechos. En muchas ocasiones, durante las revueltas se ha visto a los jóvenes luchando ferozmente, para evitar ser subidos a las tenebrosas tanquetas y patrullas del ESMAD[2], mientras el resto de sus compañeros gritan consignas como esta, que se aprecia en los murales callejeros de la carrera séptima: “Uribe, narcoparaco, el pueblo está berraco”.
Para Jacinto, Antonio, Clara Inés y especialmente para la familia Herrera Avellaneda, esta vez el asunto no fue por televisión. –Esa familia es brava–, dice Jacinto, –fíjese que se habían defendido contra siete intentos de desalojo, pero esta vez les llegaron temprano–.
–Los cogieron con los pantalones abajo–, alega doña Clara Inés, –Y eso que Sandalio se la pasaba alabando el 70% de popularidad del presidente–.
¿A ustedes los han encuestado para efectos de la popularidad de Uribe? Le pregunté a doña Clara. –No, nunca–, me responde tajante, y agrega: –Y tampoco sé que hayan encuestado a nadie por aquí, y eso que todos tenemos teléfono. Quien sabe a quien será que llaman, y ni modo que sea gente de los barrios más pobres, imagínese, pues ni teléfono tienen en esos cerros de invasión–.
Volviendo al desalojo de la familia Herrera, le insisto a doña Clara ¿que más me puede decir? –Que aquel día en medio del susto y la indignación, Sandalio y su esposa le gritaban a la policía, “Entiendan, esta casita ya es de nosotros, la hemos pagado varias veces, tenemos los recibos de pago, por dios escúchennos, por favor no cometan esta injusticia”, pero la policía no les paró bolas– afirma resignada.
Efectivamente don Sandalio fue reducido a golpes y esposado como criminal. Supe que el viejo no pudo contener las lágrimas cuando notó el agresivo desprecio con que el piquete copaba su vivienda. Ana Rosa, con la misma dignidad y junto a sus hijas echó mano de cuanto objeto pudo, incluyendo palos y piedras, para enfrentar a la policía palmo a palmo en su casa. Todo fue en vano, y ahora, este par de viejos necesitan otros 40 años de trabajo, sacrificio y ahorro para conseguir un nuevo préstamo leonino y hacerse a otra casita.
Entretanto, un concejal del Polo Democrático en Bogotá, pidió la disolución del escuadrón antidisturbios. Recordó que un año atrás, el 22 de julio de 2006, luego de una violenta represión el ESMAD resultó señalado de asesinar a un joven de 21 años durante protestas estudiantiles. Ya son tres los jóvenes asesinados en circunstancias similares.
Pero volviendo al desalojo, tema central de esta nota, les tengo un dato: resulta que cada día, los juzgados de Bogotá, no incluyo otras ciudades, expiden un promedio de 40 órdenes de desalojo. Luego de un breve seguimiento he llegado a la conclusión, de que una vez se cerró la tenaza paramilitar en los barrios humildes de la capital, decenas de inquilinos expropiados huyen silenciosos eludiendo cualquier acción de protesta.
Previo a las órdenes de desalojo violento, se sabe que los deudores son víctima de llamadas de cobro a cada instante, incluyendo altas horas de la noche. Los cobradores suelen amenazar con el inminente arribo de la policía a ejecutar el desalojo. Según Jacinto, Granahorrar, Colpatria y Davivienda, entre otras corporaciones, encabezan esta clase de atropellos, y suelen contratar servicios con entidades especializadas en cobro, como “Crear País”. Las agencias de cobro son conocidas con el nombre de “chepitos”, pero las víctimas, sin eufemismos las llaman ‘agencias de ladrones’.
Los dueños, socios y gerentes de estas agencias y corporaciones son oligarcas ligados a la clase política, que no conformes con vivir y robar del erario público, aprovechan los bancos para atracar y exprimir a la población. A todas estas, una pregunta de interés general: ¿donde andará el petardo que simula ser Defensor del Pueblo? Supongo que debe andar muy ocupado en la politiquería, porque de defender el pueblo, nada.
Entretanto, miremos otros detallitos de la seguridad democrática, sucedidos la misma semana en que despojaron de su casa a los Herrera Avellaneda: es asesinado por grupos paramilitares en el municipio de Mistrató, departamento de Risaralda, el gobernador del resguardo indígena Embera Chamí Hugo González. Con este asesinato, según la Organización Nacional Indígena ONIC, son 1936 los indígenas asesinados en la era Pastrana – Uribe. Son encontrados los restos mortales del sindicalista Guillermo Rivera, secuestrado semanas atrás por un escuadrón de la muerte, cuyos miembros, según testigos, portaban uniformes de la policía; Guillermo fue salvajemente torturado. Es detenida en España Remedios García, pacifista española acusada de ser enlace de la guerrilla colombiana en Europa; con su detención se profundiza la cacería de brujas desatada por el gobierno de Uribe en el exterior, contra todos aquellos que hayan denunciado o criticado al régimen colombiano, y como arte de magia siguen apareciendo archivos comprometedores en la computadora atómica del fallecido jefe guerrillero Raúl Reyes. Se descubre el agua tibia: que el ejército colombiano usa símbolos del Comité Internacional de la Cruz Roja para engañar a una columna guerrillera. De nuevo Uribito Carimagua, ministro de agricultura de Uribe, entrega tierras que originalmente eran para desplazados y campesinos pobres, a empresarios y terratenientes. Un informe internacional anuncia que pese a las fumigaciones y los millonarios recursos invertidos en la lucha contra el narcotráfico, los cultivos de coca y amapola, y el tráfico de cocaína, crecen vertiginosamente en Colombia; el informe coincide con las declaraciones del ministro de defensa Juan Manuel Santos, quien afirma que las FARC están casi desaparecidas, y que ahora es el gobierno y sus aliados quienes controlan y ejercen soberanía en todo el territorio nacional… Entonces parece ser cierto.
Y finalmente, cuatro sucesos verdaderamente interesantes, polémicos y alarmantes, registrados a medias por la prensa colombiana, al cierre de la presente nota:
El primero es la investigación por vínculos al narcotráfico y paramilitarismo que se abre contra el hermano del actual ministro de Interior y de Justicia Fabio Valencia, señor Guillermo León Valencia Cossio, nada más y nada menos que “Director de Fiscalías de Medellín”. Es decir, uno de los jefes inmaculados de la justicia bajo sospecha de trabajar al servicio del narcotraficante y paramilitar Daniel Rendón Herrera, alias “Don Mario”. La investigación incluye al general de la policía Marco Antonio Pedreros, acusado de nexos con el escuadrón paramilitar “Águilas Negras”. El general Pedreros es hombre de íntima confianza del presidente Uribe y del jefe nacional de la policía, general Oscar Naranjo.
El segundo suceso, es un hecho, que de confirmarse, sería muy importante tener en cuenta en los futuros tribunales de justicia que habrán de implementarse para juzgar a los genocidas colombianos y sus cómplices: Mario Iguarán, actual Fiscal General de la Nación, según una columnista de la revista Semana, ha solicitado que se le otorgue el principio de oportunidad para abstenerse de investigar a los narcotraficantes. Sin palabras.
El tercer suceso, la confesión del genocida Éver Velosa García, alias HH., a la radio RCN. El criminal, es el mismo que ya había confesado el asesinato de tres mil personas en Urabá, la mayoría lideres obreros y campesinos ligados a la Unión Patriótica. Dichos crímenes fueron cometidos durante el periodo en que actual presidente de Colombia era gobernador de Antioquia. Ahora HH profundizó sus declaraciones al señalar nombres de empresarios, políticos y militares activos, como amigos, cómplices y auspiciadores del terror paramilitar en el Urabá y el Valle del Cauca. Entre otros, volvió a denunciar al general en retiro Rito Alejo del Río, quien fuera puesto en libertad por orden del ex Fiscal General de la Nación Luis Camilo Osorio, actual embajador en México. Osorio también es acusado de entregar información reservada a narcotraficantes y paramilitares cuando era Fiscal General, y se negó a investigar a varios de sus amigotes, como el ex gobernador Salvador Arana, hoy investigado por crímenes paramilitares en el departamento de Sucre. Pues bien, HH pide al presidente Uribe que no se apresure a extraditarlo. –“Ahora resulta que soy como la novia fea” –, dijo el paramilitar, alegando que sus antiguos jefes lo ignoran y se hacen los de la vista gorda, mientras él está afrontando la justicia. HH amenazó con nuevas declaraciones. Es deber ciudadano clamar porque la vida de este sujeto sea respetada, pues son muchas las confesiones que todavía nos faltan por conocer.
Y el cuarto y último suceso. Juan Manuel Santos, ministro de defensa de Uribe, ha ofrecido enviar tropas colombianas a Afganistán y Haití. Como ya se sabe, decenas de mercenarios en Irak son colombianos, la mayoría desvinculados del ejército colombiano por “faltas graves”. Ahora resulta que Colombia va respaldar cuanta invasión militar se produzca alrededor del mundo. Lo que faltaba. Por algo dijo Bush la semana pasada: “El presidente Uribe ha hecho todo lo que le hemos pedido que haga y más”. Que lejos está la paz, y que desgracia y deshonor para mi pueblo.
Conclusión: la tragedia que afrontó la familia Herrera Avellaneda es un jueguito de niños, en comparación con los demás regalitos de la “seguridad democrática”. Si usted tiene más información sobre desalojos, por favor comuníquelas al correo electrónico jacobolam@gmail.com , visite el blog http://luismatta.blogspot.com/ y el portal del Canadian Centre of Bolivarian Studies http://laguacamaya.ca/Quienes_somos.html
[1] Nombre cambiado a solicitud del entrevistado por razones de seguridad.
[2] Escuadrón Móvil Anti Disturbios.
A empellones y esposados como criminales, Sandalio y Ana Rosa marcharon detenidos junto a varios miembros de la familia, dos de ellos menores de edad.
Según mis averiguaciones, la familia Herrera Avellaneda adquirió la casa mediante un crédito hipotecario por 14 millones de pesos, que al cabo de una década, por triquiñuelas que llaman “ajustes bancarios”, inflación y otros eventos, se transformó en 112 millones de pesos. Es decir, luego de firmado el contrato inicial, como por arte de magia, y pese a los pagos puntuales, año tras año el valor del crédito se incrementó hasta un 800 por ciento.
Los deudores, parte integral de esa clase media adormecida, que suele ser indiferente ante la desgracia de los más pobres, que son la mayoría, como pudo y trabajando sin desmayo, negándose cualquier otro privilegio en beneficio de una pretendida herencia para sus hijos, alcanzó a abonar 91 millones de pesos en diez años.
Pero en el capitalismo bancario las reglas son claras. Y los regímenes políticos de América Latina son fieles a los bancos. Así que un piquete de 150 policías, cuyo jefe metropolitano es Samuel Moreno Rojas, flamante alcalde de la nueva izquierda que encabeza el Polo Democrático Alternativo en Bogotá, madrugó como de costumbre a derribar puertas, esta vez, las de la familia Herrera Avellaneda en el barrio Estrada de la capital colombiana.
Ante el atropello los vecinos del barrio se sublevaron solidariamente. –Esto es una injusticia–, gritaban, pero en escasos minutos fueron reducidos a punta de bolillo y chorros de agua… –Hay mi madre, y yo que no le creía a los defensores de derechos humanos–, me dijo don Antonio, uno de los habitantes del barrio Estrada, quien ahora tiene el privilegio de conocer la otra cara de la “seguridad democrática”, ese embeleco que pregona el presidente Álvaro Uribe y que ensalzan a diario sus encuestas.
Para escribir el presente artículo traté de contactar a Sandalio Herrera. Nadie me dio razón del infortunado viejo, pero en cambio obtuve detalles del desalojo con otros vecinos.
–Nosotros pensábamos, me dijo Jacinto Sepúlveda[1], –que eso de la policía allanando y reprimiendo con tanta violencia, era solamente en las universidades con los estudiantes revoltosos de la Nacional o la Distrital, o con los vendedores ambulantes y desplazados, pa’ tenerlos a raya. No me vuelvo a creer el cuento chino de que están aplacando focos de terrorismo. Fíjese lo que le pasó a mis vecinos, y todo por atrasarse con un crédito ya ‘requetepago’. Los trataron igualito que a los que llaman terroristas–.
Supe que don Jacinto se refería a las imágenes muy frecuentes en la televisión colombiana, que muestran campesinos o estudiantes enfrentados con el ejército o la policía clamando sus derechos. En muchas ocasiones, durante las revueltas se ha visto a los jóvenes luchando ferozmente, para evitar ser subidos a las tenebrosas tanquetas y patrullas del ESMAD[2], mientras el resto de sus compañeros gritan consignas como esta, que se aprecia en los murales callejeros de la carrera séptima: “Uribe, narcoparaco, el pueblo está berraco”.
Para Jacinto, Antonio, Clara Inés y especialmente para la familia Herrera Avellaneda, esta vez el asunto no fue por televisión. –Esa familia es brava–, dice Jacinto, –fíjese que se habían defendido contra siete intentos de desalojo, pero esta vez les llegaron temprano–.
–Los cogieron con los pantalones abajo–, alega doña Clara Inés, –Y eso que Sandalio se la pasaba alabando el 70% de popularidad del presidente–.
¿A ustedes los han encuestado para efectos de la popularidad de Uribe? Le pregunté a doña Clara. –No, nunca–, me responde tajante, y agrega: –Y tampoco sé que hayan encuestado a nadie por aquí, y eso que todos tenemos teléfono. Quien sabe a quien será que llaman, y ni modo que sea gente de los barrios más pobres, imagínese, pues ni teléfono tienen en esos cerros de invasión–.
Volviendo al desalojo de la familia Herrera, le insisto a doña Clara ¿que más me puede decir? –Que aquel día en medio del susto y la indignación, Sandalio y su esposa le gritaban a la policía, “Entiendan, esta casita ya es de nosotros, la hemos pagado varias veces, tenemos los recibos de pago, por dios escúchennos, por favor no cometan esta injusticia”, pero la policía no les paró bolas– afirma resignada.
Efectivamente don Sandalio fue reducido a golpes y esposado como criminal. Supe que el viejo no pudo contener las lágrimas cuando notó el agresivo desprecio con que el piquete copaba su vivienda. Ana Rosa, con la misma dignidad y junto a sus hijas echó mano de cuanto objeto pudo, incluyendo palos y piedras, para enfrentar a la policía palmo a palmo en su casa. Todo fue en vano, y ahora, este par de viejos necesitan otros 40 años de trabajo, sacrificio y ahorro para conseguir un nuevo préstamo leonino y hacerse a otra casita.
Entretanto, un concejal del Polo Democrático en Bogotá, pidió la disolución del escuadrón antidisturbios. Recordó que un año atrás, el 22 de julio de 2006, luego de una violenta represión el ESMAD resultó señalado de asesinar a un joven de 21 años durante protestas estudiantiles. Ya son tres los jóvenes asesinados en circunstancias similares.
Pero volviendo al desalojo, tema central de esta nota, les tengo un dato: resulta que cada día, los juzgados de Bogotá, no incluyo otras ciudades, expiden un promedio de 40 órdenes de desalojo. Luego de un breve seguimiento he llegado a la conclusión, de que una vez se cerró la tenaza paramilitar en los barrios humildes de la capital, decenas de inquilinos expropiados huyen silenciosos eludiendo cualquier acción de protesta.
Previo a las órdenes de desalojo violento, se sabe que los deudores son víctima de llamadas de cobro a cada instante, incluyendo altas horas de la noche. Los cobradores suelen amenazar con el inminente arribo de la policía a ejecutar el desalojo. Según Jacinto, Granahorrar, Colpatria y Davivienda, entre otras corporaciones, encabezan esta clase de atropellos, y suelen contratar servicios con entidades especializadas en cobro, como “Crear País”. Las agencias de cobro son conocidas con el nombre de “chepitos”, pero las víctimas, sin eufemismos las llaman ‘agencias de ladrones’.
Los dueños, socios y gerentes de estas agencias y corporaciones son oligarcas ligados a la clase política, que no conformes con vivir y robar del erario público, aprovechan los bancos para atracar y exprimir a la población. A todas estas, una pregunta de interés general: ¿donde andará el petardo que simula ser Defensor del Pueblo? Supongo que debe andar muy ocupado en la politiquería, porque de defender el pueblo, nada.
Entretanto, miremos otros detallitos de la seguridad democrática, sucedidos la misma semana en que despojaron de su casa a los Herrera Avellaneda: es asesinado por grupos paramilitares en el municipio de Mistrató, departamento de Risaralda, el gobernador del resguardo indígena Embera Chamí Hugo González. Con este asesinato, según la Organización Nacional Indígena ONIC, son 1936 los indígenas asesinados en la era Pastrana – Uribe. Son encontrados los restos mortales del sindicalista Guillermo Rivera, secuestrado semanas atrás por un escuadrón de la muerte, cuyos miembros, según testigos, portaban uniformes de la policía; Guillermo fue salvajemente torturado. Es detenida en España Remedios García, pacifista española acusada de ser enlace de la guerrilla colombiana en Europa; con su detención se profundiza la cacería de brujas desatada por el gobierno de Uribe en el exterior, contra todos aquellos que hayan denunciado o criticado al régimen colombiano, y como arte de magia siguen apareciendo archivos comprometedores en la computadora atómica del fallecido jefe guerrillero Raúl Reyes. Se descubre el agua tibia: que el ejército colombiano usa símbolos del Comité Internacional de la Cruz Roja para engañar a una columna guerrillera. De nuevo Uribito Carimagua, ministro de agricultura de Uribe, entrega tierras que originalmente eran para desplazados y campesinos pobres, a empresarios y terratenientes. Un informe internacional anuncia que pese a las fumigaciones y los millonarios recursos invertidos en la lucha contra el narcotráfico, los cultivos de coca y amapola, y el tráfico de cocaína, crecen vertiginosamente en Colombia; el informe coincide con las declaraciones del ministro de defensa Juan Manuel Santos, quien afirma que las FARC están casi desaparecidas, y que ahora es el gobierno y sus aliados quienes controlan y ejercen soberanía en todo el territorio nacional… Entonces parece ser cierto.
Y finalmente, cuatro sucesos verdaderamente interesantes, polémicos y alarmantes, registrados a medias por la prensa colombiana, al cierre de la presente nota:
El primero es la investigación por vínculos al narcotráfico y paramilitarismo que se abre contra el hermano del actual ministro de Interior y de Justicia Fabio Valencia, señor Guillermo León Valencia Cossio, nada más y nada menos que “Director de Fiscalías de Medellín”. Es decir, uno de los jefes inmaculados de la justicia bajo sospecha de trabajar al servicio del narcotraficante y paramilitar Daniel Rendón Herrera, alias “Don Mario”. La investigación incluye al general de la policía Marco Antonio Pedreros, acusado de nexos con el escuadrón paramilitar “Águilas Negras”. El general Pedreros es hombre de íntima confianza del presidente Uribe y del jefe nacional de la policía, general Oscar Naranjo.
El segundo suceso, es un hecho, que de confirmarse, sería muy importante tener en cuenta en los futuros tribunales de justicia que habrán de implementarse para juzgar a los genocidas colombianos y sus cómplices: Mario Iguarán, actual Fiscal General de la Nación, según una columnista de la revista Semana, ha solicitado que se le otorgue el principio de oportunidad para abstenerse de investigar a los narcotraficantes. Sin palabras.
El tercer suceso, la confesión del genocida Éver Velosa García, alias HH., a la radio RCN. El criminal, es el mismo que ya había confesado el asesinato de tres mil personas en Urabá, la mayoría lideres obreros y campesinos ligados a la Unión Patriótica. Dichos crímenes fueron cometidos durante el periodo en que actual presidente de Colombia era gobernador de Antioquia. Ahora HH profundizó sus declaraciones al señalar nombres de empresarios, políticos y militares activos, como amigos, cómplices y auspiciadores del terror paramilitar en el Urabá y el Valle del Cauca. Entre otros, volvió a denunciar al general en retiro Rito Alejo del Río, quien fuera puesto en libertad por orden del ex Fiscal General de la Nación Luis Camilo Osorio, actual embajador en México. Osorio también es acusado de entregar información reservada a narcotraficantes y paramilitares cuando era Fiscal General, y se negó a investigar a varios de sus amigotes, como el ex gobernador Salvador Arana, hoy investigado por crímenes paramilitares en el departamento de Sucre. Pues bien, HH pide al presidente Uribe que no se apresure a extraditarlo. –“Ahora resulta que soy como la novia fea” –, dijo el paramilitar, alegando que sus antiguos jefes lo ignoran y se hacen los de la vista gorda, mientras él está afrontando la justicia. HH amenazó con nuevas declaraciones. Es deber ciudadano clamar porque la vida de este sujeto sea respetada, pues son muchas las confesiones que todavía nos faltan por conocer.
Y el cuarto y último suceso. Juan Manuel Santos, ministro de defensa de Uribe, ha ofrecido enviar tropas colombianas a Afganistán y Haití. Como ya se sabe, decenas de mercenarios en Irak son colombianos, la mayoría desvinculados del ejército colombiano por “faltas graves”. Ahora resulta que Colombia va respaldar cuanta invasión militar se produzca alrededor del mundo. Lo que faltaba. Por algo dijo Bush la semana pasada: “El presidente Uribe ha hecho todo lo que le hemos pedido que haga y más”. Que lejos está la paz, y que desgracia y deshonor para mi pueblo.
Conclusión: la tragedia que afrontó la familia Herrera Avellaneda es un jueguito de niños, en comparación con los demás regalitos de la “seguridad democrática”. Si usted tiene más información sobre desalojos, por favor comuníquelas al correo electrónico jacobolam@gmail.com , visite el blog http://luismatta.blogspot.com/ y el portal del Canadian Centre of Bolivarian Studies http://laguacamaya.ca/Quienes_somos.html
[1] Nombre cambiado a solicitud del entrevistado por razones de seguridad.
[2] Escuadrón Móvil Anti Disturbios.
Vea el video sobre el desalojo:
