Organizaciones colombianas y canadienses protestan por visita del vicepresidente de Colombia - Tomado de Revista DEBATE órgano hispano Ontario Canadá

(Invitado a Canadá por la multinacional minera KINROSS con intereses en el Sur De Bolívar - Colombia, escenario de desplazamiento forzado de campesinos, amenazas, escandalosos crímenes y tropelías de los escuadrones de la muerte AUC contra defensores de derechos humanos y opositores al gobierno de Uribe Vélez.) Nota del blogger.

REDACCION REVISTA DEBATE / TORONTO, Mayo 12, 2008.

El 91 de King St. East, en Toronto, ubicado en la zona de King y Yonge, estuvo sumamente ocupado el pasado jueves por la mañana. Ahí funciona el Albany Club, un exclusivo centro de recepciones que ese día se vio invadido por inesperados visitantes: por una puerta, varias decenas de manifestantes se hicieron presentes portando pancartas de protesta, mientras que por la otra, poco más de un centenar de hombres y mujeres de negocios hacían fila, cada quien con un cheque por $350 dólares en mano, para participar en un desayuno.

Los primeros llegaron a protestar por la presencia del Vicepresidente de Colombia, Francisco Santos, a quien acusan de estar vinculado con grupos paramilitares en su país, así como también de tener responsabilidad en las graves violaciones a los derechos humanos que día a día ahí ocurren, mientras que los segundos, se hicieron presentes para escuchar de primera mano cuál es la oferta que el país suramericano esta haciendo de cara a la implementación de un eventual Tratado de Libre Comercio entre Colombia y Canada.

Esta era la segunda jornada de la visita que hizo a Canadá el vicepresidente Santos, quien buscó en el país avanzar en la firma de un tratado de libre comercio, y para lo cual asistió a un desayuno con empresarios canadienses que fue organizado por el Consejo Canadiense para las Américas (CCA), en el cual animó a los hombres y mujeres de negocios canadienses para que inviertan en Colombia, "una de las cuatro principales economías emergentes" del mundo, según aseguró.Pero mientras Santos pronunciaba su discurso en el corazón del distrito financiero de Toronto, en la puerta principal de su auditorio varias decenas de activistas protestaban por su presencia en el país a través de una actividad que fue convocada por la organización sindical Canadian Labour Council, la Organización de Profesores de Ontario, el Canadian Auto Worker, así como también por la representaron en Toronto del Polo Democrático, organización política de izquierda en el país suramericano.

Adentro del Club, Santos hablaba de las maravillas que ofrece Colombia para la inversión, mientras que afuera, los manifestantes denunciaban los asesinatos de líderes sindicales, comunitarios e indígenas en Colombia, así como también la falta de garantías que, a su juicio, aún sufren para ejercer su labor y defender sus derechos.

Definitivamente el desayuno fue bien concurrido, así como también la actividad de protesta, sobre todo si se tiene cuenta que se llevó a cabo entre 7:00 y 8:00 de la mañana, lo que significó que muchos de los asistentes se tomaron el tiempo para dejar oír su voz antes de iniciar sus actividades laborales regulares.

Primero derechos humanos y luego comercio, dicen trabajadores canadienses

John Cartwright, Presidente del CLC, rechazó la presencia del vicepresidentes Santos en Canadá diciendo que era una persona que estaba siendo cuestionada en Colombia por organizaciones de derechos humanos, así como también a nivel internacional, quienes le achacan el hecho de que siendo el responsable de la política oficial de derechos humanos del país suramericano, aparentemente no haya adelantado ninguna investigación contra los crímenes que han estado cometiendo los grupos paramilitares durante su gobierno. Esto, a pesar de que su gobierno ha estado negociando con ellos.

“Mientras se negocia con los grupos paramilitares se siguen cometiendo abusos”, dijo Cartwright, antes de explicar que los sindicatos canadienses ofrecían su apoyo, solidaridad, acompañamiento y hermanamiento a las organizaciones sindicales colombianas en busca de que se les proteja su vida, sus derechos y sus libertades sindicales

En ese sentido, dijo que la entidad que representa estaba estableciendo una alianza con sus pares colombianos a fin de rechazar un acuerdo libre comercio, el cual no ha sido consultado con los trabajadores ni en Colombia ni en Canadá, sino que únicamente se ha manejado a nivel de altos funcionarios, y cuyos beneficios aun no se ven claramente, sino que al contrario, incluso consideran que podrían ser negativos en la medida que afectan los procesos productivos a nivel canadiense.

“Nosotros no aceptamos que en un país donde el registro de violaciones a los derechos humanos muestra una de las tasas mas altas del mundo, se este haciendo negocios tan tranquilamente cuando hay charcos de sangre de por medio, muertes de sindicalitas, de lideres sociales”, aseguró, exigiendo que Canadá primero debe tratar el tema de los derechos humanos en Colombia, y solo después los temas comerciales.

Santos es ‘non grato en Canada’

Por su parte, Luis Alberto Mata, refugiado colombiano que fungió como Consejero de Paz del Departamento del Valle del Cauca en Colombia, y que ahora pertenece a la representación de Polo Democrático Alterativo en Canadá, aseguró que la participación en la protesta era para sentar un precedente considerando ‘non grata’ la presencia del Vicepresidente Santos, “un personaje altamente cuestionado en Colombia luego de que tres jefes, dos de ellos narcotraficantes de alto calibre en Colombia, y uno de ellos comandante paramilitar, denunciaran en sus declaraciones ante la Fiscalía General de la Nación, y en el marco de la Ley de Justicia y Paz en Colombia, bajo juramento, que ellos crearon un Escuadrón de la Muerte en Bogotá que se llamó el ‘Bloque Capital’, luego de que el señor Francisco Santos y otros políticos en Colombia viajaron a varias regiones del país para entrevistarse con otros personajes del hampa para proponerles la creación de este grupo paramilitar en Bogotá”.

Mata explicó que en esos años lo que sucedía era que la guerrilla colombiana estaba sentando bases y obteniendo cierto arraigo en algunas zonas marginales de la capital colombiana, y que el planteamiento de Santos y otros políticos era que había que detenerlos y que la mejor manera era llevando a Bogotá a los grupos paramilitares de manera organizada, es decir no esporádicamente tal y como había sucedido anteriormente.

“Después de estas reuniones, los grupos paramilitares entraron a Bogotá y fueron asesinados mil quinientos jóvenes, crímenes que han sido documentados por la Defensoría del Pueblo, la misma Fiscalía ha recibido centenares de denuncias, y por los organismos de derechos humanos. Entonces, en Colombia se le señala a este personaje, a Francisco Santos, el Vicepresidente de Colombia, como una persona de la cual se sospecha y se cree que ha tenido vínculos directos con la conformación y auspicio de estas redes de asesinos”, aseguró Mata.

Y agregó: “Entonces, nosotros estamos aquí para decirle al señor Santos que consideramos no grata su visita, y que nos parece que Colombia, antes de ‘business’, necesita justicia, libertad y reparación, se necesita respeto a los derechos humanos… y hemos venido a decirle que queremos derechos humanos, que queremos justicia, y que queremos que se hable de paz antes que de negocios”.

Finalmente insistió en que solo en los meses que van de este año, 26 sindicalistas han sido asesinados en Colombia por escuadrones de la muerte, así como también nueve personas que lideraron las marchas en contra de los crímenes de estado el pasado 6 de marzo.

(Las mentiras del vicepresidente Facho Santos - subtítulo del blogger)

La situación de los derechos humanos ha mejorado en Colombia: Santos

Pero mientras afuera del Albany Club sus compatriotas lo consideraban como persona no grata en este país por su supuesta vinculación con los grupos paramilitares, adentro, al calor de una taza de café, el Vicepresidente colombiano afirmaba que la situación de los derechos humanos ha mejorado en Colombia, señalando una supuesta reducción en el número de asesinatos de líderes sindicales e indígenas desde el año 2002.

Santos reconoció que su país todavía padece enormes problemas fruto de los años más álgidos de violencia, y dijo que la reintegración de cerca de 35.000 integrantes de los grupos armados paramilitares, acusados fuertemente de estar vinculados con el gobierno del presidente Álvaro Uribe, "es una de las tareas más difíciles".

No obstante, insistió en que durante los pasados cinco años la situación de los derechos humanos ha mejorado de forma considerable, lo cual, dijo, lo comprueba la reducción del número de asesinatos.

"En el 2002, unos 200 líderes sindicales fueron asesinados. El año pasado sólo 25. Lo mismo se puede decir con los líderes indígenas. Decir que la situación no ha mejorado es mentir", afirmó.

Una vez terminado el desayuno, y cuando ya los manifestantes habían abandonado el 91 de King St. East para dirigirse a sus respectivos centros de trabajo, Santos partió de inmediato hacia Ottawa donde se reunió el viernes con funcionarios de alto rango del gobierno canadiense, a fin de tratar de avanzar en la concreción del tan anhelado Tratado de Libre Comercio, un objetivo que todo perece indicar aun esta muy lejos de lograr.

(Quienes deseen leer la revista Debate: http://revistadebate.ca/portal/content/view/766/1/)

"Colombia, Laboratorio de Embrujos - Democracia y Terrorismo de Estado" (libro de Hernando Calvo Ospina)

Recientemente fue publicado en España y Francia, simultáneamente, este libro de Hernando Calvo, intelectual de izquierda, colombiano, residente en Europa. Un amigo me lo ha enviado desde Burgos, y tengo el privilegio de conocer de primera mano un gran trabajo de investigación, bien escrito, ameno, y muy bien documentado, indispensable para quienes estudiamos la situación de Colombia. Tengo el gusto de compartir con ustedes el prólogo, escrito por el periodista francés Ignacio Ramonet, y traducido al español por Karine Alvarez, (fraternalmente LAM):

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«El terrorismo de Estado en Colombia»

Según la historia, a partir de la segunda mitad del siglo XIX existen en Colombia dos partidos políticos, el Liberal y el Conservador. No es falso. Pero ello no es suficiente. En realidad, desde esa época, el país está dividido entre aquellos que lo poseen todo y aquellos que nada tiene.
No entraré en los detalles de la tragedia colombiana, que Hernando Calvo Ospina desarrolla aquí ampliamente y con gran talento. A modo de introducción, me contentaré con recordar algunos hechos significativos, emblemáticos de esta penosa historia.
Elegido al Congreso en 1929, el liberal Jorge Eliécer Gaitán decidió combatir a lo que él llamó la oligarquía: los ricos de ambos partidos. Con el paso del tiempo sus discursos se hacen incendiarios. Desde la tribuna, en mangas de camisa, él remata sus arengas con “¡Contra la oligarquía, a la carga!”. A pesar de ello, aboga por un cambio pacífico. Cuando se le daba como favorito a la presidencia de la república, el 9 de abril de 1948 es asesinado en Bogotá.
Un detalle insólito: La ley estadounidense permite a sus ciudadanos examinar, después de ciertos años, los documentos que poseen organismos públicos como la CIA, el FBI, o el Departamento de Estado. La CIA tiene información sobre la muerte de Gaitán pero hasta el día de hoy se niega a revelarla.
El asesinato de Gaitán provoca una insurrección generalizada -que Washington atribuye al “comunismo internacional”-, y una guerra civil a la que se ha llamado “La época de la violencia” (1948-1957): unos 300 mil muertos quedan tirados en los campos. En ese tiempo de horror y Apocalipsis los liberales y comunistas, señalados como objetivo, son destinados al suplicio.
Como complemento del poder, políticos y terratenientes utilizan a policías que, en uniforme o en civil, demuestran una crueldad sin límite. Se les conoce como chulavitas. También a sueldo de los mismos, los llamados pájaros van “volando” de región en región haciendo del terror su compañera.
Condenados a muerte, casi vencidos, y dispersos en un primer tiempo, los opositores entienden que una lucha gigantesca ha empezado. Han sido abofeteados, tratados de hez de la sociedad, perseguidos como a vagabundos importunos. Los miles de miserables que no poseen nada, y para quienes el respeto a la vida y un pedazo de tierra es suficiente, se suman a otros perseguidos que, armados de escopetas y machetes, se están organizando en incipientes grupos. Esos, que en realidad sólo tratan de subsistir y defender la vida de sus pequeñas comunidades, ahora van a combatir. Influidos por la revolución cubana, varios intelectuales y estudiantes los apoyan.
En 1964, para acabar con esta revuelta, la de esa guerrilla de campesinos insumisos a los cuales se les denominó “moscovitas”, Estados Unidos dona 300 millones de dólares, envía asesores y armamento. Se implementa la Operación Marquetalia. En 1999, Estados Unidos aportó 1.600 millones de dólares para impulsar el llamado “Plan Colombia”. Hasta el 2006 ya había gastado 4 mil millones de dólares en el Plan. Sin más resultados que en 1964.
Se sigue diciendo que la inmensidad de las llanuras, los obstáculos naturales, la presencia de selvas inexploradas, hace imposible aniquilar a los guerrilleros. Pero no a la población civil.
Al año siguiente, 1965, para luchar contra esos “subversivos”, los consejeros militares estadounidenses sugieren la creación de organizaciones civiles armadas. Ya no se les llama pájaros o chulavitas, sino “autodefensas”, legalmente reconocidas.
En una fecha tan lejana como es el 2 de septiembre de 1958, esos campesinos guerrilleros le hacían llegar una carta al presidente Alberto Lleras Camargo: « la lucha armada no nos interesa, y estamos dispuestos a colaborar por todas las vías a nuestro alcance en la empresa pacificadora que decidió llevar este gobierno. » Entre los firmantes, Manuel Marulanda Vélez, actual jefe de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC.
En carta al Parlamento, con fecha del 20 de julio de 1984, y mientras negociaban con el presidente Belisario Betancur, las FARC anuncian el lanzamiento de un movimiento político nacional, la Unión Patriótica, UP. La intención de esa guerrilla era, junto a otros partidos y movimientos democráticos, ir ingresando a la vida política legal. Este trabajo de Hernando Calvo Ospina cuenta en detalle cual fue su destino. Una tragedia para tres mil militantes, simpatizantes y dirigentes de la UP, víctimas de escuadrones paramilitares... Pocos, realmente, pertenecían a las FARC. Una intransigencia política total de la clase dirigente.
Se dice que Colombia constituye una excepción notable en América Latina: sólo ha vivido cinco golpes de Estado desde su independencia de la Corona española. En 1958 se depuso al general Gustavo Rojas Pinilla, y desde entonces el gobierno ha estado siempre en manos de civiles. Rige cierto modelo democrático. Sin embargo, tan solo en cuatro años fueron asesinados cuatro candidatos a la presidencia: Jaime Pardo Leal (1987), Luis Carlos Galán (1989), Carlos Pizarro y Bernardo Jaramillo (1990). Con sus particularidades, todos reclamaban reformas. Extraña concepción de lo que es una democracia...
Es que, sobrealimentados y avaros, incapaces de confrontar la realidad, ricos y poderosos piensan que los civilizados dignos de ese nombre pueden, para reducir y acabar con los “bárbaros”, utilizar bárbaros más bárbaros que ellos. Así lanzan las hordas de paramilitares, que son las mismas “autodefensas”, y les permiten que hagan alianza con los barones de la cocaína para que ayuden a financiar “su” guerra. Las Fuerzas Armadas los convierte en parte de su cuerpo, corazón y alma. Por eso los equipa, los instruye, los informa, los apoya... Con el pláceme de un gran sector de la clase política y de los gremios económicos.
Los paramilitares se ensañan con la población civil rural. Sistemática y calculadamente van acabando con la oposición política legal. Así estos seudo clandestinos, que se hacen llamar Autodefensas Unidas de Colombia, AUC, bajan uno a uno todos los escalones que separan lo humano de la bestia. El terror tiene que golpear en el corazón de quien pueda ser enemigo en potencia. Asesina a uno y asustarás a mil.
En diciembre de 1997, el presidente Ernesto Sámper Pizano anuncia la creación de un “bloque especial de búsqueda” para capturar a los jefes paramilitares. Promete que esos grupos “serán perseguidos hasta en el infierno.” Todo queda en intenciones. Tres años después, Phil Chicola, jefe de la oficina de Asuntos Andinos en el Departamento de Estado, estima que “según la ley de Estados Unidos, estos grupos deben cometer actos que amenazan los intereses nacionales estadounidenses para poder ser incluidos formalmente en la lista [de grupos terroristas].” [1] En cambio, en 1982 el embajador estadounidense en Bogotá, Lewis Tambs, sin pruebas, trató de “narcoguerrilla” a las FARC. Por decisión del presidente George W. Bush, esa guerrilla y el otro grupo insurgente, el Ejército de Liberación Nacional, ELN, se convierten en “narcoterroristas” después del 11 de septiembre 2001. Dos pesos, dos medidas.
¿“Narcoguerrilla”? ¿“Narcoterroristas”? ¿Ex revolucionarios descarriados? Provocando el empobrecimiento de importantes sectores de la población, los sucesivos gobiernos han favorecido el cultivo de la coca y las actividades ligadas al tráfico de cocaína. Pero son muchos los que tienen las manos metidas en el “negocio”: los militares, bastantes políticos de derecha y los sectores económicos. Bien metidas las tienen los paramilitares. Y aunque en una muy mínima medida, algún sector de la guerrilla también se ha untado con el pretexto de ayudar a financiar la causa.
Me conformaré con citar las palabras de Daniel García Peña, quien en 1997 dirigió una Comisión exploratoria para definir los términos y condiciones de posibles conversaciones de paz, bajo la presidencia de S
Sámper: “El discurso mil veces repetido sobre una guerrilla sin ideales y convertida en organización mafiosa es falso. Se trata de una organización político-militar que, como la guerra cuesta caro, impone su impuesto revolucionario sobre la cosecha [de coca], pero no tiene ninguna participación en el tráfico. Si se tratara de un cartel, no tomaría pueblos ni adelantaría operaciones militares.” Un poco más tarde, el 18 de mayo de 2003, el enviado especial del secretario general de Naciones Unidas, James Lemoyne, afirma: “La columna vertebral de la principal guerrilla del país se compone de personas comprometidas ideológicamente.”
Todo conflicto político se termina en una mesa de negociaciones. Y por qué no, ya que son necesarias, con reformas sociales. Eso no sucede en Colombia. Con un empecinamiento en extremo sorprendente, cada gobierno le ha declarado la guerra a las guerrillas; ha multiplicado los gastos militares; les ha subido el sueldo a las Fuerzas Armadas... Y cada presidente, desde mediados de la década de los sesenta, ha prometido acabar con la guerrilla antes del final de su mandato. Para constatar, al partir, ¡qué la oposición armada es más fuerte que cuatro años antes! La injusticia social la ha nutrido. Y, también, sin duda, la represión indiscrimada y ciega.
Nada. Aquí nada se debe al azar. La “limpieza” política realizada por el ejército y los paramilitares ha vaciado de campesinos pobres a muchas regiones colombianas. Hombres y mujeres que cometieron uno de estos “errores”, o todos juntos: vivieron en territorios inmensamente ricos; se organizaron para exigir sus derechos; militaron o dieron su voto a formaciones políticas de oposición; o quizás -quizás- simpatizaron con las guerrillas. Sus tierras pasaron a manos de terratenientes, jefes paramilitares, y de representantes de poderosos intereses económicos.
El azar no existe. En 1997, evocando el futuro de las relaciones comerciales entre Colombia y Estados Unidos, el embajador estadounidense Myles Frechette declaraba: “Mi gobierno invita con insistencia al gobierno colombiano a que abra lo más ampliamente posible el mercado de las telecomunicaciones en el marco de la ley colombiana, o de ser necesario que cambie la ley para adoptar las reglas adecuadas y efectivas de competencia.” [2] Luego reclamó lo mismo para el petróleo, la energía y la agricultura. Dos años más tarde, una de las exigencias de la enmienda al Plan Colombia que imponen algunos senadores estadounidenses, es que se les dé la prioridad a las inversiones extranjeras, y en particular al sector de la industria petrolera. El Consortium US Columbia Business Partnership –Occidental Petroleum Company, BP, Caterpillar, Bechtel & Pfizer- defendía con toda fuerza la adopción del Plan.
Todo fue aceptado. Y más: las Fuerzas Armadas y sus paramilitares se encargaron, con el apoyo del Plan y de los asesores estadounidenses, de incrementar el vaciado de campesinos e indígenas en las extensas zonas petroleras.
Dando también entera satisfacción a quienes “ordenan”, el presidente Álvaro Uribe Vélez, “negocia” desde el 2006 un Tratado de Libre Comercio con Washington. Su firma será como un asesinato a la economía colombiana...
Este mismo presidente le ofrece una reinserción “suave” a los paramilitares. Washington no se opone, aunque ya los tiene incluidos en su lista de organizaciones terroristas. Al contrario, sus diplomáticos participan en varios actos públicos con jefes paramilitares, cuya extradición pide su gobierno por narcotráfico. Es que no sólo han masacrado poblaciones: los paramilitares se han convertido en el cartel de droga más poderoso de Colombia. Washington se contenta con hacer esporádicas declaraciones. Los paramilitares no han atacado ni el mínimo de sus intereses estratégicos en Colombia: los han cuidado como si fueran suyos.
Entonces el presidente Uribe Vélez ha tenido manos libres para firmar la ley de Justicia y Paz, 21 de junio de 2005. Esta les otorga a los “paras”, también acusados de crímenes de lesa humanidad, una casi impunidad, la legalización de sus fortunas y una jubilación dorada. A pesar de que en cuatro años, desde que firmaron un “cese al fuego” el 15 de julio de 2003, hayan cometido unos 3 mil asesinatos más.
Pero, ¿este gobierno hubiera podido ser menos bondadoso con el paramilitarismo? Fue este gobierno, como los que le precedieron, quien derramó esa plaga sobre el pueblo. Fue el Estado quien formó, fomentó, animó y protegió al paramilitarismo. Porque el paramilitarismo es una estrategia estatal, avalada y apoyada por Washington, para el beneficio de los poderosos conglomerados económicos. Han sido aliados en la destrucción y la muerte para compartir el botín.
Pero se dejó que los paramilitares se convirtieran en poderosos señores de la guerra. Y esos jefes mafiosos, que casi ni aceptan el mínimo castigo, y menos aún ser los únicos en cargar con toda la culpabilidad, lanzan una amenaza a quienes los criaron y dirigieron: si la justicia se “encarniza” con ellos, podrían revelar sus inmensos secretitos.
A partir de documentos confiscados a uno de ellos, “Jorge 40”, marzo 2006, se llevó a cabo la detención de varios diputados y senadores de la costa atlántica, todos ligados a los partidos que apoyan al presidente Uribe Vélez. Desde ese momento el fuego se extendió sobre hierba seca, porque comenzó el escándalo conocido como la “Parapolítica”. Por culpa de su padre y hermano, inculpados de relaciones con los paramilitares, la ministra de Relaciones Exteriores, Maria Consuelo Araujo, ha debido renunciar. Por las mismas razones Jorge Noguera, ex jefe de la policía política -Departamento Administrativo de Seguridad, DAS, que depende de la presidencia de la República-, uno de los protegidos del presidente, fue encarcelado.
Son unas muestras. Pero la lista que señala acusadoramente a la clase política tradicional colombiana, en especial a los aliados del presidente Uribe Vélez, es muy grande. La hecatombe judicial continúa, y toca a senadores, diputados y muchos altos funcionarios de Estado. Sin dejar por fuera a mandos militares y de policía.
Cierta cantidad de “personalidades” tiene cada día más dificultad en tragar saliva. Han descubierto que el perro que los cuidaba ayer, los amenaza hoy. Para impedir posibles revelaciones, 59 jefes paramilitares fueron trasladados, de repente, del centro vacacional donde habían sido concentrados, hacia una prisión de alta seguridad. Entonces anunciaron, el 7 de diciembre 2006, que consideraban el “proceso de paz” como terminado. El presidente Uribe dice que debe seguir.
Acorralado por las constantes revelaciones, el presidente Uribe responde con ataques, y se ensaña en quienes no debe. Acusa a los movimientos de defensa de los derechos humanos y a la izquierda legal, como al Polo Democrático Alternativo, de pactar “con los terroristas”. Parece que no le importa que con ello haga correr a sus miembros inmensos peligros: Al menos que sea algo deliberado. Desde hace algunos meses nuevos escuadrones de la muerte surgen por todo el país, que ya amenazan y van asesinando a los opositores...
Sin parar la arremetida, el jefe de Estado se fue contra la Corte Suprema de Justicia. Su presidente, Cesar Julio Valencia, se vio obligado a reaccionar en octubre 2007, rechazando acusaciones de Uribe Vélez. Le dijo al presidente que con ellas pretendía obstruir la acción de la justicia, en el cuadro de las investigaciones adelantadas sobre “parapolítica”. Es que los jueces estaban pisando huellas profundas de las relaciones existentes entre jefes narco-paramilitares y demasiados parlamentarios: 17 presos y más de 40 judicializados, todos pertenecientes a grupos políticos pro-Uribe. Sin contar a gobernadores y alcaldes presos “uribistas”.
No cabe duda que apenas comienza el forcejeo. ¿Quién sabe si las importantes revelaciones hechas en este libro por Hernando Calvo Ospina, sobre los mecanismos del terrorismo de Estado en Colombia, no serán a corto o mediano plazo confirmadas por los propios implicados? Por tanto este trabajo es sumamente valioso. Más aun, su atenta lectura es indispensable para entender la tragedia del pueblo colombiano.

«Colombia, laboratorio de embrujos. Democracia y terrorismo de Estado». Editorial Akal-Foca. Madrid. «El terrorismo de Estado en Colombia». Fundación Editorial El Perro y la Rana. Caracas.

«Colombie, derrière le rideau de fumée, histoire du terrorisme d’État». Editeur: Le temps des cerises, París.

Notas:

[1] El Tiempo, Bogota, 1 de mayo 2000.
[2] Apolinar Díaz Callejas, «Colombia bajo doble fuego: crisis interior y señorío de EE UU». Papeles de cuestiones internationales, N° 62, Madrid, 1997.

Ignacio Ramonet.

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