(Especial para la revista Polomizando de Francia y Agencia Bolivariana de Noticias - ABP)
El gobernador del Valle del Cauca, Juan Carlos Abadía, viene impulsando desde mediados de Enero, movidas secretas en dirección a constituir un movimiento anti-despeje en los municipios de Florida y Pradera.
De acuerdo con mis fuentes, Abadía se ha inspirado en el movimiento ‘No al Despeje’ y en ASOCIPAZ, aquellos grupos impulsados por terratenientes, políticos corruptos y narcotraficantes del sur de Bolívar (Magdalena Medio) entre 1999 y 2001, cuyo objetivo era impedir diálogos de paz con el ELN. Recordemos que centenares de pobladores fueron sobornados u obligados a tomar parte en aquellos bloqueos, casualmente dirigidos por políticos hoy investigados por paramilitarismo, y por otros que hoy aparecen como paramilitares “desmovilizados”.
Ahora, se pretende replicar esa misma experiencia en el sur oriente del Valle del Cauca. Dicha iniciativa, cuyas primeras reuniones de impulso han sido realizadas, al parecer en instalaciones de las Cámaras de Comercio de Cali, Palmira, y la Tercera Brigada del Ejército en Cali, simulará ser espontánea, y demostrar que tiene apoyo de supuestas comunidades de base. Para tal efecto se prevé dinero a raudales (sería bueno saber ¿de donde proviene?). Otra estrategia consiste en una fuerte campaña mediática, aún incipiente, cuya base serán medios regionales, incluyendo coimas para periodistas y seudo-analistas de bolsillo.
Entretanto, grupos paramilitares han iniciado su propia campaña de intimidación en contra del eventual despeje de Florida y Pradera. Al respecto, el comisionado Restrepo y el ministro Juan Manuel Santos han afirmado con cinismo, que se trata de “bandas emergentes”, tratando de eludir la responsabilidad del gobierno nacional y regional, y/o distraer la opinión pública sobre la actividad de grupos paramilitares.
Aunque la propuesta del movimiento anti-despeje no ha sido mencionada directamente, ni defendida por alguien en particular, lo cierto es que el pasado 11 de abril la opinión pública Vallecaucana conoció los primeros avances de esta iniciativa. Aquel día, el influyente diario Valluno ‘El País’ propiedad de la archimillonaria familia Lloreda Caicedo, organizó una rimbombante mesa redonda, que con pocas excepciones, fue un aquelarre de ultraderecha en favor de la guerra.
Echemos un vistazo a los personajes centrales de dicho panel y sus opiniones. Encabezando, estaba el general Jaime Esguerra Santos, comandante de la III Brigada, institución tremendamente cuestionada por graves casos de violaciones a los ddhh. Vale recordar que uno de los batallones de esta brigada, comandado por el coronel Byron Carvajal, asesinó el 22 de Mayo de 2006 a 10 policías antidrogas, y se le acusa de haber prestado “servicios” al narcotráfico. En la región se viene produciendo el hallazgo de fosas secretas con decenas de personas asesinadas por grupos paramilitares; sin embargo, el general Esguerra, en vez de estar alarmado por estos crímenes, por el contrario, centra su atención en actividades contra la paz, como torpedear el esperado acuerdo humanitario; su aporte más célebre durante dicho evento fue afirmar que: “si se despejan Florida y Pradera, Cali quedaría secuestrada por las FARC”. Se nota que le importa un comino la libertad de los militares prisioneros.
Al general le siguió en importancia Roy Barreras, congresista y miembro del movimiento político ‘Cambio Radical’. Varios de los compinches del movimiento político de Roy Barreras están detenidos o investigados por vínculos al narco-paramilitarismo, mientras su jefe, el Senador de ultraderecha Germán Vargas Lleras, suena como factible sucesor de Uribe Vélez (que desgracia para Colombia). Barreras es un campeón cuando se trata de conspirar contra la paz; según él, despejar Pradera y Florida de aviación y tropas militares, para facilitar el canje, implica una amenaza para Colombia.
Otro de los personajes de la mesa fue Diego Arias, columnista del diario ‘El Tiempo’ propiedad del grupo español Prisa y la familia Santos, que ostenta vicepresidente y ministro de defensa. Diego Arias, hace de analista político para El Tiempo, y se ha especializado en escribir contra las FARC. Como ex-izquierdista suele dedicarse a recomendar al Polo Democrático Alternativo, cual es el modelo de izquierda, que según él, le conviene a Colombia. Arias afirmó que “después de la experiencia del Caguán, no hay que volver a hablar de despejes”. A continuación, se despachó contra el canje humanitario, repitiendo el cuento de Uribe, de que “son centenares los secuestrados”, igualando la categoría de los oficiales del ejército y políticos en manos de la insurgencia, con personas cautivas por la delincuencia común, y por fuera de la responsabilidad guerrillera. Pareciera que Arias le quiere arrebatar a Miguel Motoa Curi, otro corrupto de ‘Cambio Radical’, el liderazgo ideológico del movimiento anti-despeje.
Entre los áulicos de Uribe y del gobernador Abadía estuvo el alcalde de Florida, Salvador Rodríguez. Este sujeto no oculta para nada sus desesperadas ambiciones políticas. Sin empacho alguno afirmó: “soy el jefe de 80.000 Floridanos que decimos no al despeje”. Según el alcalde Rodríguez, entonces las comunidades indígenas y campesinas, igual que la población urbana, que se han mostrado a favor del despeje con veeduría internacional, son de otro planeta, porque si nos atenemos a sus afirmaciones, él no se da por enterado.
Y no podía faltar el arquitecto de la propuesta, Juan Carlos Abadía. Me pregunto, que puede esperarse de un gobernador que afirma sin vergüenza, que su papel es “proteger la inversión de los empresarios, de las transnacionales, y de las multinacionales”. ¿Entonces, quien defiende al pueblo? ¿Será que Abadía le parece correcto lo que hacen en Colombia Coca Cola, la Drummond o Chiquita Brands? Junto al gobernador “transnacional” se mecían de felicidad María Elvira Domínguez, directora de El País, y los periodistas Luis G. Restrepo y Diego Martínez, ambos del mismo periódico, cuyo papel principal fue repetir como loros las propuestas del gobierno.
Miremos algunos detallitos del avezado gobernador anti-despeje: hijo del latifundista y político del Centro del Valle, Carlos Herney Abadía, acusado entre otros, de haber tenido vínculos con el narcotráfico, y sujeto de investigación durante el ‘proceso 8000’. Si alguien desea mayor información, debe leer el libro “Los Jinetes de la Cocaína”. Según consta en archivos, antes de cumplir 18 años de edad, Abadía ya era asesor en la Cámara de Representantes. El gobernador Abadía heredó de su padre el controvertido Movimiento Popular Unido – MPU, y de paso el amparo político del señor Juan Carlos Martínez Sinisterra, que según la revista SEMANA edición 08/11/2007, es “famoso por haberse fugado de las casas fiscales de Bogotá, donde purgaba condena por los dineros que le recibió al cartel de Cali”.
Juan Carlos Abadía se ha autodenominado el "Primer Policía del Departamento". Nunca se le ocurrió autodenominarse el primer profesor, obrero, o médico del departamento. Hace poco instó a que los burgomaestres de su departamento firmaran un documento de apoyo al Estado Comunitario, basado según él, en el programa "Por un Valle Seguro", cuyo sustento principal es la “Seguridad Democrática” que pregona Álvaro Uribe.
Otros de los invitados a la famosa mesa redonda del pasado 11 de Abril fueron menos lambones con el “Valle Seguro” y la “Seguridad Democrática” del pupilo Abadía. Entre los que decidieron asumir un rol menos gobiernista estaban Patricia Nieto, esposa del ex diputado Sigifredo López, en poder de la guerrilla desde hace seis años, político que sobrevivió a la masacre ejecutada, conforme a las denuncias por un grupo mercenario, tragedia sin aclararse definitivamente. La señora Nieto afirmó: “se trata de salvar vidas humanas. Entonces hago un llamado al Presidente porque hay unos colombianos que necesitan regresar a casa”, señalando así la conveniencia del despeje.
Por su parte, y también en el grupo menos guerrerista, Fabio Cardozo, ex asesor de paz del departamento se mostró cauto a la hora de opinar: “si no hay despeje, no hay intercambio. No creo (afirmó), que la guerrilla en 45 días vaya a fortificarse de tal manera que eso signifique una descompensación en el equilibrio estratégico de las fuerzas del Estado”. El alcalde de Pradera - Guido Germán Caicedo, otro de los invitados, aseguró que “para el tema del despeje hay unas directrices planteadas por el Gobierno Nacional y por nuestro Gobernador, en cuanto a que las decisiones y el manejo del tema sea controlado por el gobierno central”, safándose así de asumir responsabilidad alguna. Orlando Beltrán, ex congresista, insistió en una salida humanitaria.
La obvia conclusión de la farsa convocada por El País, en la que se ignoró la opinión de los más prudentes, es que “existe un consenso total acerca de la inconveniencia del despeje”. Juan Carlos Abadía, selló el evento afirmando que mientras sea gobernador del Valle del Cauca, habrá un “no rotundo al despeje”. Dicha afirmación viene de comienzo de año, cuando acompañó al ministro “Uribito” en una jornada contra el despeje en el parque central del municipio de Pradera. “Uribito Carimagua” como realmente debería llamarse el ministro de agricultura Andrés Felipe Arias, por su descarado favoritismo hacia los terratenientes y empresarios de la palma, se ha sumado a la iniciativa del movimiento anti-despeje. Por cierto, ¿Quiénes acompañaban en Pradera al ministro de agricultura, cuando lanzó su campaña de camisetas contra el despeje?… Por ahí va el agua al molino.
[i] Ex Consejero de Paz del Valle del Cauca entre 1995 y 1997 en representación de la Unión Patriótica.
